Abogados de la Defensa Pública contra la megaminería

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El Area de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ADDESC) del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, asumió una posición crítica ante el intento de autorizar la explotación megaminera en la provincia, y marcó la inviabilidad de este tipo de proyectos.

El documento expresa que la posición de los miembros es  “contraria a la promoción de esta industria para la Provincia de Chubut en sus diversas geografías, sin perjuicio de encontrarse propugnando en la actualidad una previa re discusión científica, política, democrática y participativa, del marco legal provincial y nacional que actualmente la regula, que debería contemplar el previo aseguramiento del respeto a los derechos individuales y colectivos que tanto la Constitución Nacional como la Provincial reconocen”

.Argumentaron que las condiciones actuales no garantizan a los pueblos mapuches y tehuelches el derecho a la “consulta y participación” que las constituciones Nacional y Provincial y tratados de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas garantizan previo a toda actividad que les interese por afectar sus recursos naturales. También indicaron que  se conocieron desarrollos de emprendimientos mineros a pequeña escala, que no han contado con efectivos procesos de consulta y participación ni a la comunidad ni al pueblo indígena interesado, generando esto conflictividad social.

Luego agregaron que en relación a otros derechos económicos, sociales y culturales, que se debe atender el importante déficit de viviendas dignas en toda la provincia. “La experiencia tangible en la Provincia de Chubut, en localidades como Comodoro Rivadavia, por ejemplo, muestran que el desarrollo de importantes industrias agravan el déficit habitacional, al incrementarse notoriamente el costo de vida”, apuntaron

El documento lleva la firma de la abogada adjunta Karina Gabriela Albornoz, de Esquel, y Fernando Radziwilowski,  defensor público de la misma ciudad, además de Patricia Aranda Osuna, defensora pública de Comodoro Rivadavia; Nelson Rapiman, defensor público de Trelew; Nora Bandeo, asesora de Familia de Comodoro Rivadavia; María Rosa Corradini, defensora Pública de Puerto Madryn; Rosa Isabel Martínez, asesora de Familia de Puerto Madryn; y Delia Susana Pérez, abogada adjunta especializada en derechos de pueblos indígenas

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